De sobra es sabido
que con la nueva entrada en vigor, desde el 1 de junio de 2013, de la ley de certificación
energética, no sólo es necesario tener el certificado energético cuando se vaya
a vender o alquilar una vivienda en propiedad, sino que la etiqueta de
calificación energética debe adjuntarse en el anuncio que publicite la vivienda
en cuestión, de forma que toda persona que vea ese anuncio, pueda ver la
calificación energética de esa vivienda. El problema surge cuando la mayoría de
las viviendas esperan a obtener el certificado energético en el momento justo
de la firma del contrato, por lo que en los anuncios no se ve la etiqueta. Una
nueva versión es la de añadir certificado en trámite.
Lo curioso es que
desde que se tramita el certificado energético hasta que el propietario lo
tiene en su manos, no pasa más de una semana; en cambio no ocurre lo mismo con
los anuncios de las inmobiliarias; puedes ver “certificado en trámite” semanas
y semanas, lo que hace sospechar, como mínimo, que se espera a que haya un
comprador o arrendatario para hacer efectivos esos trámites de certificación
energética.
Las sanciones desde diciembre de 2013 son efectivas, pero apenas hay inspectores, lo que hace
que la obligación de cumplimiento de la ley sea débil y pobre, sumado al escaso
conocimiento de la misma por parte de los usuarios; se cree que se necesita el
certificado para adjuntarlo al contrato de compraventa o alquiler, pero no
desde el momento en que se anuncia la vivienda, lo que lleva a que haya miles
de viviendas sin certificado energético, cuando deberían tenerlo, pero que no
lo realizan a la espera de que se alquile o se venda la vivienda.
Un poco más de lo
mismo ocurre con los edificios de las administraciones públicas; aquellos con
más de 500 metros cuadrados
deberían tener y exhibir de forma visible y que todo el público puedo ver, la
etiqueta de calificación energética. Pero apenas existen edificios, cuya
titularidad es la administración, que tengan visible la etiqueta, a pesar de
las sanciones que la ley impone por no exhibir la etiqueta.
Ahora bien, dado
que el procedimiento sancionador queda en manos de la administración regional,
que es una de las incumplidoras, no parece probable que se aplique. Seguimos
con la misma tendencia y el aire de obligatoriedad de la certificación
energética sigue siendo difuso. Lo único claro hasta el momento es el
procedimiento sancionador que la Unión Europea ha puesto en marcha contra
España por ser los últimos y tarde, en aplicar la normativa comunitaria
relativa a la certificación energética.
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